A un año de la implementación del sistema acusatorio.

A un año de la implementación del sistema acusatorio.

https://frammex.mx/1059-dtit36123-annunci-incontri-pontedera.html Por Mariana Catalano*

https://bergamopersonaltrainer.it/4538-dtit33534-incontri-trav-varese.html Un día como hoy, el año pasado, empezamos a implementar el sistema acusatorio federal en la jurisdicción de Salta y Jujuy, de la mano del Código Procesal Penal Federal (CPPF, ley 27.063 con reforma de ley 27.482).

No hubo acto protocolar ni inauguraciones pomposas, simplemente se echó a andar el día estipulado y fue cobrando impulso de modo paulatino. El aprendizaje de todos los involucrados fue gradual: la puesta en práctica de conocimientos teóricos, la interpretación de algunas cuestiones dudosas, el desempeño en las audiencias, la reflexión sobre lo ocurrido en las audiencias, fueron puliendo el “know how”. Adquirir competencias, en litigación, requiere indefectiblemente de la práctica.

Fue una reforma histórica, asumida con compromiso y sin excusas, aunque estuviéramos lejos de un contexto ideal, sin suficientes jueces de garantías (incluso con uno de los dos juzgados federales de Jujuy vacante), con la sobrecarga de trabajo de la competencia múltiple en las etapas liminar e intermedia, y sin la previsión de juzgados específicos destinados a las causas de la transición (o sea, del CPPN ley 23.984, que lógicamente, deben seguir su curso) entre otras cosas.

Pero aún así, fue significativa y exitosa, un cambio rotundo en el modo de hacer justicia.

Difícil no repetirme al hablar de las bondades del sistema, pero es ineludible puntear algunos aspectos para difundir y concientizar, para luego resumir la huella de esta primera vivencia acusatoria federal. Entre tales ejes destaco:

• El proceso se sigue dividiendo en etapas: preliminar o de investigación (lo que equivale a instrucción en el sistema mixto), intermedia (control de acusación; en el Código Levene, del procesamiento), juicio propiamente dicho y ejecución de la sentencia.

• La investigación del delito deja de estar a cargo del juez de instrucción y pasa a manos del fiscal, que la dirige con absoluta independencia. Es este un avance crucial en la independencia judicial, pues ya no hay más confusión de roles (que implicaba que el juez investigue y luego juzgue sobre lo que él mismo había investigado)

• Con esta impronta de dividir funciones, el nuevo CPPF también deslinda la actividad judicial propiamente dicha (llamada jurisdiccional) de la actividad administrativa. Aparece así la figura de la Oficia Judicial, responsable de “descargar al juez” de las tareas necesarias para hacer materialmente posible la realización de las audiencias, que no es poco, y el control de las medidas coercitivas y reglas de conducta, tampoco menor (tomando en cuenta, además, que la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas –OMAS-, todavía no se encuentra implementada, ni se proveyeron los respectivos recursos).

• Las víctimas, cuyos derechos vienen reconocidos por ley 27.372 desde 2017, consolidan su protagonismo (y autonomía cuando querellan) en el proceso penal.

• La oralidad en todas las etapas del proceso (que en el sistema mixto se reserva exclusivamente para el debate) imprime notoria agilidad y va acompañada de plazos concretos y ceñidos; expresamente estipulados y celosamente resguardados por diversas normas que establecen la responsabilidad de jueces y fiscales que incumplan.

• La simplicidad y la concentración procesal son fortalezas del sistema, destierran el absolutismo de las formas y dotan de funcionalidad al trámite, como herramienta flexible sin núcleos estancos.

• En esta senda, se admiten carriles de fuga del proceso, consensuados algunos, privativos del fiscal otros, para procurar que lleguen a juicio solo aquellas causas que lo ameriten, de delitos significantes y contienda real. Siempre con vista a la víctima, que puede oponerse.

• Con igual propósito y para casos menores (pena privativa de libertad inferior a 6 años), se prevén acuerdos de procedimiento abreviado. • Se incorporan mecanismos de investigación imprescindibles para la lucha contra la criminalidad organizada (contemplados en ley 27.319), a la vez que pautas para el enjuiciamiento de personas jurídicas.

• Se reglamenta con mayor detalle los presupuestos para la prisión preventiva, que es la medida más gravosa entre un decálogo de opciones que brinda el sistema para neutralizar los riegos de obstrucción del proceso.

• Se renueva el sistema de recursivo (de impugnaciones en la jerga del CPPF), estableciendo la prohibición del reenvío para los jueces revisores, lo que ahorra tiempo y desgaste para las partes y para la justicia. Son estas, a grandes rasgos, las notas destacadas de un sistema que sincera la litigación, la transparenta y dinamiza en todas las etapas. En la práctica, el impacto es fenomenal y los números lo avalan. El cúmulo de audiencias de garantías y revisión (que llegó a un pico máximo de 130 al mes, lo que debe apreciarse en rigurosa perspectiva, pues estamos hablando de 5 jueces de garantías en ejercicio para Salta Capital, Jujuy, Orán y Tartagal), representa un porcentaje aproximado del 75% del total, respondiendo al estadio de juicio el apreciablemente menor saldo restante (alrededor de 40 carpetas ingresadas en los Tribunales Orales de la jurisdicción). Aunque por efecto de los acuerdos entre partes y en comparación con el debate, se incrementa la cifra de legajos de ejecución (108 legajos en Salta y 70 en Jujuy al 5/6/20). A Casación, en lo que va del sistema (y también a la misma fecha), sólo han llegado 12 causas para ser revisadas.

Como se ve, el declamado propósito del cambio en la justicia federal penal es posible, realizable. Llega en un momento de madurez social y sobre la base de experiencias provinciales que ya exhibían estos progresos. Se trata de adoptar las decisiones y medidas adecuadas para, por fin, afrontarlo.-


http://mmsaccounting.ca/tags/sales-tax *Jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Doctora en Derecho Constitucional por la UBA.
Especialista en Derecho y Economía Ambiental por la USAL y la Universidad Carlos III de Madrid (España).
Presidenta de la Comisión de Proyectos Legislativos de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia
Federal (período 2019/2020).

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